Cultura Libre 2.0

La sociedad de autores recauda sin piedad y despide trabajadores mientras invierte 300 millones en negocios inmobiliarios
• La SGAE es una institución sin ánimo de lucro. Pero ha logrado ser antipática por su ánimo recaudatorio. En medio de la crisis, ha despedido a 22 trabajadores, pero ha consolidado una formidable red inmobiliaria con al menos 12 palacios repartidos entre España, México y Argentina.
Reportaje por: Eva DÍAZ
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a SGAE, siempre guardiana de la inspiración y la creación, regenta ahora el trono del miedo. Miedo a sus recaudaciones exhaustivas, miedo a los últimos despidos ejecutados, que los trabajadores definen como un ERE encubierto. Por mucha pericia recaudadora que tenga la sociedad de autores, ha desarrollado un llamativo entramado empresarial que en algunos casos ha sido ruinoso. En el año 2000 la SGAE sorprendió al público con su nueva actuación en el mercado inmobiliario. El debut no pudo salir peor. Riofisa, la empresa que creó con Antonio Banderas para convertir la antigua estación de Príncipe Pío de Madrid en un espacio escénico, le supuso un deterioro de dos millones de euros. Aun así, la sociedad de autores no se dio por vencida.
En 2006, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cedió el Palacio del Infante Don Luis a la SGAE para convertirlo en el mejor centro cultural de España, según las palabras del entonces alcalde, Arturo González Panero, hoy uno de los principales imputados por la trama Gürtel de corrupción. Tres años después, la Comunidad de Madrid prohibió la cesión. No se conoce la cantidad que ya había gastado la SGAE en la rehabilitación del palacio; en julio de 2006, su presidente, Teddy Bautista, había anunciado ante los medios una inversión de 30 millones de euros. Otro proyecto que acabó en saco roto.
Por suerte para la SGAE, los siguientes negocios los supo torear mejor. Ahora dispone de una red internacional de 12 multiespacios. Doce teatros y edificios emblemáticos repartidos por Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Bilbao, Buenos Aires y México DF.
Todos forman parte del proyecto Arteria, sociedad limitada que depende de la Fundación Autor y que ha requerido una inversión de 300 millones de euros. Parte de ese dinero fue financiada por el canon digital y parte por créditos bancarios. En Madrid no solo compraron el teatro Lope de Vega, sino el edificio entero, también sus oficinas, su marisquería y su joyería. Negocios que han de pagar sacramente el alquiler de los establecimientos a la empresa de Teddy Bautista.
A su vez, la red de estos 12 multiespacios la gestiona otra sociedad, Wonderland Entertainment, montada por la SGAE y de la que también es presidente el propio Teddy Bautista. También coinciden los directivos en la empresa Microgénesis, con la que la SGAE firmó un acuerdo para potenciar el proyecto de cambio tecnológico Teseo. En este caso Rafael Ramos es socio director de Microgénesis y a la vez director económico financiero de SGAE. Al igual que el director de formación de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, es uno de los fundadores de Microgénesis. Todo queda en casa.
La penúltima polémica la provocó el jefe técnico del teatro Campos Elíseos de Bilbao, Urko Arruza, con su dimisión. Es uno de los teatros comprados por la SGAE, en el que se ha invertido 25 millones de euros. La inauguración fue el pasado 10 de marzo, mismo día de la dimisión de Arruza. Los motivos, las malas condiciones de trabajo impuestas por Wonderland Entertainment. Los trabajadores del teatro denuncian que la empresa pretende dirigir el Campos Elíseos de Bilbao con el personal mínimo.
Viernes por la mañana. En la oficina todos los trabajadores están sentados en su puesto. Enfrente, el ordenador; a un lado, el teléfono. Miran con pesadumbre la lentitud con la que giran las manecillas del reloj. Ese puede ser el día en el que una pantalla se quede en negro. “Fue un viernes de enero –cuenta Paloma Álvarez, ex empleada de la SGAE–, nos apagaron el ordenador y nos llamaron a dirección. Vino un ‘segurata’ a acompañarme y salí con la carta de despido”. Después de nueve años trabajando en la empresa, ni siquiera pudo despedirse de sus contactos: “Pensé en escribir un ‘e-mail’ a mis conocidos para decirles que ya no me escribieran a ese correo, que me habían despedido, pero ni siquiera me dieron la opción”.
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Veintidós despidos
El de Paloma solo es uno de los 22 despidos que se han producido en la SGAE y la Fundación Autor desde hace un año. Hay 13 despedidos desde el 1 de enero hasta hoy; el último fue el 5 de marzo, en Baleares. El goteo no cesa. El motivo está claro. Las cartas de despido se agarran al apartado c del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, que reza: “Por la necesidad de amortizar puestos de trabajo. El empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción”.
Ronda la sospecha de que se está realizando un ERE encubierto entre los trabajadores. “¿Cómo van a alegar que no tienen dinero y luego no paran de comprar teatros?”, comenta indignado Emilio Afuera, del comité de empresa.
El comité ya pidió el pasado 14 de enero una auditoría de las cuentas de la SGAE al Ministerio de Cultura. No ha habido respuesta. No han sido los únicos que esperan unas cuentas claras: “Las cuentas de la SGAE son un arcano sobre el que preguntamos sin demasiado éxito”, cuenta José María Lassalle, diputado y secretario del comité ejecutivo del PP.
La política de la SGAE no gusta a ningún partido, y el 9 de marzo la Comisión de Cultura del Congreso aprobó un texto en el que exigía al Gobierno una nueva legislación que defienda los derechos de autor con mayor transparencia, control y eficiencia de las entidades responsables.
“¿Adónde va mi dinero? A mí no me llega –asegura el director de cine Raimundo García–. La SGAE es una entidad recaudatoria que vela por los derechos de autor, mis derechos, y ese dinero debe repartirlo o invertirlo en proyectos que ayuden a los autores. Ahora vemos que cogen mi dinero y sin pedirme permiso invierten en edificios y teatros, y encima lo que ganan se lo ingresan ellos”.
Las cuentas de lo que la SGAE recauda por el canon de 0,60 euros sobre los DVD-RW, de 3,15 euros sobre los mp3 o de nueve euros sobre los escáneres no le salen ni a trabajadores, ni a despedidos, ni autores, ni a políticos. Nadie conoce la cantidad anual de la recaudación, ni qué se hace con ella.
“Las cosas han cambiado mucho –explica Maribel García del Valle, despedida en enero tras 41 años trabajando para la sociedad de autores–; antes era una empresa familiar, en la que los directivos pasaban, te saludaban. Sin embargo, desde que se impuso el canon digital por el tema de las descargas por internet, todo empezó a cambiar. La SGAE empezó a tener mala fama. Había gente que te llamaba para hacerte una consulta y al final acababan llamándonos ladrones”.Todoscontraelcanon.es.copio pego